Una inspección
externa realizada en marzo en las dos refinerías en la península venezolana de
Paraguaná —incluyendo la de Amuay, donde una dantesca explosión mató el sábado
a 41 personas para convertirse en el peor accidente en la historia de la industria
petrolera del país— había dejado al descubierto una larga lista de fallas de
mantenimiento y que el año anterior las instalaciones habían registrado al
menos un centenar de incendios.
El documento,
elaborado por la firma RJG Risk Engineering para la compañía de reaseguros QBE,
también advertía sobre una inadecuada protección contra incendios en las
instalaciones, demoras en el remplazo programado de equipos, lentitud en la
aplicación correctivas recomendadas y la ocasional existencia de “nubes de
vapores volátiles” en las instalaciones.
“Durante el
2011, 222 incidentes fueron reportados, incluyendo alrededor de 100 incendios,
muchos de los cuales produciéndose en trincheras de tuberías contaminadas”,
señaló el documento titulado Informe de Actualización de Recomendaciones de
Mejoramiento de Riesgo.
“Aún cuando
hay un buen procedimiento para la investigación de incidentes, nos desalentamos
al notar que pocos de ellos habían progresado más allá de la etapa de
establecer una comisión de estudio y sólo nueve de ellos habían sido declarados
‘cerrados’, con las recomendaciones ejecutadas”, resaltó el reporte elaborado
en base a inspecciones de las refinerías de Amuay y de Cardón, ubicadas una al
lado de la otra, en el Centro de Refinación Paraguaná, en el estado Falcón.
El informe
también hace mención que los peores accidentes registrados en las refinerías
hasta el momento fueron descritos internamente como “una explosión de una nube
de vapor y posterior incendio, resultado por la liberación descontrolada de
hidrocarburo inflamable y volátil desde la contención del sistema de
procesamiento, subsecuente encendido [de la substancia] e incendio en las
unidades de procesamiento”.
“Nosotros no
evaluamos la probabilidades de los accidentes —es suficiente señalar que
independientemente de las medidas de diseño, construcción, inspección,
mantenimiento y operación que sean tomadas, la capacidad de que se produzcan el
peor tipo de eventos perduran, y existirá la posibilidad de muchos incidentes
de pérdidas potencialmente menores”, resalta al señalar el riesgo de las nube
de vapor.
El reporte fue
filtrado al público por Vzleaks (www.vzleaks.net) sitio de internet que dice haber sido creado
para colocar “documentos clasificados y oficiales entregados […] desde el
anonimato por ciudadanos venezolanos y extranjeros […] preocupados por el
futuro de la nación”.
El sábado, una
explosión en la refinería de Amuay, atribuida una fuga de gas, dejó un saldo de
41 muertos y 151 heridos y provocó un voraz incendió que consumió tres tanques
de almacenamiento que terminaron de ser extinguidos el martes.
Hasta el
momento, las autoridades han rechazado un coro de voces señalando que el
incendio fue provocado por un indebido mantenimiento y deficiencia en las
labores de prevención de accidentes en las instalaciones, calificando estos
pronunciamientos de irresponsables.
Pero expertos
insisten en que la industria petrolera venezolana está sufriendo las
consecuencias del descuido de los actuales administradores de Petróleos de
Venezuela, y de la decisión del gobierno de Hugo Chávez de no realizar las
inversiones necesarias para el mantenimiento, además de colocar personal poco
calificado en posiciones claves.
“Lamentablemente
no hay las medidas de mantenimiento que antes existía”, afirmó el ex miembro
principal del Directorio de la compañía estatal, José Toro Hardy.
“El propio
ministro del ramo y presidente de PDVSA había reconocido en su informe anual,
en febrero del 2011, que no se estaba cumpliendo con el mantenimiento adecuado,
que no tenían las piezas de recambio adecuadas, que tenían problemas de
presupuestarios para conseguir las piezas a tiempo. De manera que aquí,
evidentemente, hay un problema de mantenimiento”, agregó.
El documento
filtrado el martes por Vzleaks devela que ambas refinerías llevaban años
mostrando este tipo de deficiencias y registrando un elevado número de
“incidentes”.
En un segmento
del informe, los autores señalan que detectaron señales positivas en el cuidado
de las instalaciones, pero advirtieron que una atención más “fuerte” y
“proactiva” era necesaria para enfrentar las deficiencias.
Según el
informe, grandes obras de mantenimiento han sido demoradas en las
instalaciones, “típicamente por uno o dos años”, mientras que operaciones
rutinarias de mantenimiento habían sido postergadas en el 2009, cuyas
consecuencias “todavía están siendo sentidas”.
“Los efectos
son evidentes en una demora en el mantenimiento de equipos, particularmente en
casos de bombas y motores, y una proporción más alta que el objetivo en las
órdenes de trabajo de “emergencias” y “urgentes”.
Asimismo, el
informe habla de problemas en las “adquisiciones de equipos”.
“Las
principales razones dadas por el peor desempeño con respecto a las bombas y los
motores fue la insuficiencia de recursos”, dificultades en la colocación y en
el mantenimiento de los contratos y en la adquisición de refacciones”, señala
el reporte.
Adicionalmente,
el informe habla sobre la implementación de un programa para velar por la
integridad estructural de las instalaciones, añadiendo que éste ha brindado
señales de progreso.
No obstante,
los autores mencionaron buena parte de las “viejas estructuras” no están
debidamente protegidas contra incendios.
“Es de notar
que muchas estructuras que quedan por ser tratadas hacen uso de estructuras
temporales de respaldo, y que éstas a su vez no tienen protección contra
incendios”, señaló.
Otro de los
problemas mencionados por el informe son las demoras en las inspecciones, en el
remplazo de equipos que ya han superado su tiempo de vida, y en los correctivos
recomendados para evitar incidentes.
Según los
autores, de un total de 49 medidas que habían sido recomendadas, sólo 16 de
ellas habían sido ejecutadas, 19 aún se están realizando y 11 no mostraban
ningún tipo de progreso.
El diputado
Alfonso Marquina, al anunciar que la oposición pronto solicitará que la
Asamblea Nacional nombre una comisión especial para que investigue el
siniestro, afirmó que es evidente que las labores de mantenimiento han sido
dejadas de lado durante el gobierno de Chávez.
“El propio
ministro [de Energía] Rafael Ramírez, cuando presentó su memoria y cuenta ante
la Asamblea nacional el 3 de febrero del 2011, reconocía la ausencia de
mantenimiento en la industria petrolera. Incluso, señalaba allí que a sólo el
19 por ciento de las válvulas que estaba previsto hacerle el mantenimiento
preventivo se le había logrado hacer…, y particularmente [en] Amuay”, afirmó
Marquina en una entrevista telefónica.
“Por lo tanto,
nosotros estamos exigiendo que se abra una investigación parlamentaria, en la
cual se contraten a especialistas nacionales e internacionales para determinar
si la razón de este accidente, donde perdieron la vida más de 40 venezolanos,
es precisamente porque a esas válvulas no se le había hecho el mantenimiento
debido. De ser así, habría responsabilidad penal, por omisión. Nuestro código
penal venezolano, en el articulo 409, establece que eso es homicidio culposo”,
señaló
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